Prensa Provea
Desde comienzos de año se han producido a lo largo del territorio nacional protestas y saqueos motivados por la grave crisis alimentaria y la creciente pobreza. En apenas tres meses, ocho personas han sido asesinadas en protestas por alimentos y/o servicios públicos. En al menos cuatro de los casos de muertes registradas, es clara la responsabilidad de agentes de la fuerza pública en la comisión de los hechos.
El 09 de enero, fue asesinado el joven José Alberto Materán Valero (19), luego de recibir un impacto de bala durante una protesta por alimentos realizada en la población de Guanare, capital del estado Portuguesa, que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana. Materán Valero ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario Miguel Oraá de Guanare, junto a César Antonio Torres Fernández, quien fue herido por arma de fuego.
Desde comienzos de año se han producido a lo largo del territorio nacional protestas y saqueos motivados por la grave crisis alimentaria y la creciente pobreza. En apenas tres meses, ocho personas han sido asesinadas en protestas por alimentos y/o servicios públicos. En al menos cuatro de los casos de muertes registradas, es clara la responsabilidad de agentes de la fuerza pública en la comisión de los hechos.
El 09 de enero, fue asesinado el joven José Alberto Materán Valero (19), luego de recibir un impacto de bala durante una protesta por alimentos realizada en la población de Guanare, capital del estado Portuguesa, que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana. Materán Valero ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario Miguel Oraá de Guanare, junto a César Antonio Torres Fernández, quien fue herido por arma de fuego.
El jueves 11 de enero, resultaron asesinados durante una protesta y saqueo de alimentos en las poblaciones de Caño La Yuca, El Pinar, Tucaní, Palmarito y Arapuey del estado Mérida, Manuel Alberto Oria Márquez (23); Arturo Lino Volcanes Guillén (23); Elizabeth Sierra (26), y un adolescente de 17 años.
El 28 de febrero, durante una protesta realizada en la ciudad de Carúpano por el colapso de la red de aguas negras en el sector Playa Grande, el ciudadano Argenis Serrano (33) fue asesinado producto de un disparo de un arma de fuego, luego que funcionarios policiales y militares reprimieran la manifestación pacífica.
El miércoles 7 de marzo fue asesinado de un disparo el jornalero Antonio Hidalgo (18), quien protestaba debido a la interrupción, por más de 50 horas, del servicio de energía eléctrica los más de tres meses sin recibir las cajas de alimentos de los Comité Locales de Alimentación y Producción (Clap) en la población de “La Luz”, municipio Obispos del estado Barinas. Por lo ocurrido aún no se han señalado responsables.
El jueves 8 de marzo, el albañil Carlos Guarimata (48), fue asesinado de un disparo en el rostro mientras participaba en un cierre de calle en el sector La Ponderosa de esa entidad, exigiendo la venta de alimentos regulados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Tres funcionarios de la Policía Municipal de Bolívar fueron señalados como presuntos responsables del hecho y detenidos por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, al menos 209 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones en el país. La mayoría de dichas muertes, han sido responsabilidad de agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares.
La dictadura de Maduro ha asumido abiertamente practicas de terrorismo de Estado para infundir temor en la población e inhibirla de expresar su malestar ante la grave situación que vive el país. La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre expresión; la respuesta cada vez más autoritaria a la conflictividad social mediante la criminalización y represión a manifestantes y disidentes políticos; y la abolición de la Constitución Nacional mediante la construcción de una “legalidad” e “institucionalidad” alterna, han allanado el camino para que la dictadura aplique más fuerza para someter al pueblo a condiciones dramáticas de subsistencia. Allanamientos ilegales, detenciones masivas y arbitrarias, desapariciones forzadas temporales de detenidos, aplicación de justicia militar, uso excesivo de la fuerza en la gestión de manifestaciones, entre otras prácticas, forman parte del repertorio represivo de la dictadura en materia de seguridad ciudadana y control del orden público.
La indolencia de la dictadura frente a la crisis alimentaria, el acelerado empobrecimiento de la población, y el colapso de los servicios públicos son las principales causas de la conflctividad social en el país. La dictadura somete a los más pobres a una permanente situación de angustia e incertidumbre. Venezuela ha entrado en un período de hiperinflación y acelerada caída de la economía que aumentará aún más los niveles de pobreza, escasez de alimentos y medicinas, y deterioro generalizado de los servicios públicos. Las acciones y omisiones del gobierno de Nicolás Maduro ante la crisis han puesto al país al borde de un abismo en materia social.
Provea exige investigación y sanción para los responsables materiales e intelectuales de las muertes ocurridas en las recientes protestas.
[Tomado de https://www.derechos.org.ve/actualidad/8-personas-han-sido-asesinadas-en-los-primeros-tres-meses-de-protestas-de-2018.]
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