Injusticia ambiental: El lado oscuro de la “justicia social” en la “revolución bolivariana”

Emiliano Terán

La idea de justicia social, vinculada desde el siglo XIX al reconocimiento de derechos de las clases trabajadoras y que toma su forma contemporánea en el Estado de bienestar, las mejoras en la distribución económica, el reconocimiento social y la participación política ciudadana (Dubet, 2011; Fraser, 2008; Murillo y Reyes, 2016) ha sido una importante reivindicación discursiva en la revolución bolivariana –y en general en los progresismos latinoamericanos– desde la constitución bolivariana de 1999 hasta nuestros días.

Esta noción ha tenido centralidad no solo en la narrativa gubernamental sino también en una serie de políticas a partir de las cuales, se concretaron en años anteriores varios avances respecto a la distribución económica (baja de los índices de pobreza y de desigualdad social, entre otros), en el reconocimiento social (reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, entre otros) y en la participación política ciudadana (creación de los consejos comunales, inclusión social en nuevos mecanismos electorales) (Terán, 2014).

Sin embargo, cuando analizamos las dinámicas de la distribución ecológica en la revolución bolivariana, es posible constatar una muy marcada situación de injusticia ambiental, la cual constituye no solo una notable contradicción con la reivindicada idea de “justicia social”, sino también una especie de lado oscuro de la misma.

En el análisis de los conflictos socio-ambientales que hemos realizado, también se evaluó si la lucha de los grupos movilizados logra conseguir o no la justicia ambiental: “Si” (éxito), “No” (fracaso) o “No parcial” (logro parcial). Se tomo en cuenta si las demandas de estos grupos afectados fueron atendidas y si los daños e impactos socioambientales fueron remediados.

Nuestro análisis arroja que en el 75% de los conflictos no se consigue de ninguna manera materializar la justicia ambiental. Demandas de los grupos movilizados por el reconocimiento de las tierras ancestrales para los pueblos indígenas, remediaciones ambientales y atención sanitaria, solicitudes para detener o reformular proyectos y realización de consultas previas a los mismos, respeto por los derechos humanos y seguridad para la población, por mencionar las peticiones más recurrentes, básicamente no son atendidas.

La evidencia de esta marcada injusticia ambiental aparece en casi todos los conflictos de minería ilegal al sur del rio Orinoco, donde la actividad y sus consecuencias están en un peligroso crecimiento; en la dramática situación del pueblo warao en el delta del Orinoco, enfatizando en los problemas de salud causados en estos; en comunidades aledañas (o trabajadores) a las instalaciones de petróleo y gas, ubicadas en las zonas tradicionales de la actividad, que continúan sufriendo notables impactos desde hace décadas (como las comunidades de la península de Paraguaná) o de manera relativamente reciente (como los indígenas kariña de Tascabaña y las comunidades de Puerto Píritu, al oriente del país); en los proyectos de minería formal que cambian la vida de la población de Tiara (Lomas de Níquel) y socavan los medios de vida del pueblo yukpa en la Sierra de Perijá; o bien en proyectos urbanos recientes como el trasvase de aguas del Lago de Valencia y la ampliación de la autopista Valle-Coche en Caracas, los cuales han sido desarrollados a pesar de las críticas y consecuencias advertidas por los grupos sociales movilizados.

El restante 25% de los conflictos examinados fueron considerados como “No parcial”. En estos cinco casos una o algunas demandas fueron atendidas pero la justicia ambiental no ha sido alcanzada. Por ejemplo, en 1995 la comunidad de El Hornito en el estado Zulia fue reubicada pero nunca compensada por los daños socio-ambientales provocados por la Petroquímica Ana María Campos, a pesar de ser esta una de las principales reivindicaciones de la población. Una situación similar ocurre cuando la ubicación del Puerto de aguas profundas en Araya, estado Sucre, fue replanteada, pero actualmente se mantiene la preparación de tierras para su construcción en esta península, a pesar de las críticas y oposiciones.

En 2014, el vertedero de Cambalache [en Ciudad Guayana] fue clausurado, lo cual había sido una de las principales peticiones de las comunidades afectadas, pero el saneamiento del mismo y la atención medica a los afectados no han sido efectuados, y el gobierno regional está creando nuevos vertederos improvisados, los cuales producen tensiones en las comunidades aledañas. En 2015 el Gobierno Nacional formaliza el reiterado anuncio de expansión de la extracción de carbón en los municipios Guajira y Mara en el estado Zulia. Seis meses después, a partir de diversas movilizaciones y campañas sociales en su contra, las medidas de expansión decretadas eran revertidas. En la actualidad, los gobiernos regional y central insisten en esta expansión extractivista, mientras que las campañas populares en resistencia continúan. Por último, indígenas pemón del Alto Paragua en el estado Bolívar, ocupan una mina en 2011 y fundan la comunidad autónoma de Musukpa, pero las reivindicaciones ambientales no están entre sus prioridades, e incluso estos indígenas ejercen la minería ilegal con mercurio y motobombas.

En el marco de la expansión del neoliberalismo a escala global (Harvey, 2005) y de intensas disputas por el control de recursos naturales, la situación de la justicia ambiental en el mundo, a rasgos generales, es muy precaria. Según la base de datos del Atlas de Justicia Ambiental para octubre de 2016, solo el 17% de los conflictos llegan a término exitoso para los grupos en resistencia y en cambio casi en el 50% la justicia ambiental no es alcanzada. Para tener una visión general de estas tendencias en Suramérica, se presenta una comparación entre Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, partiendo del registro del EJ Atlas actualizado a octubre de 2016 (ver cuadro 2). Venezuela tiene a la fecha un total de 30 casos registrados en esta base de datos.

 

Es posible notar que los resultados de “fracasos” de estos países son muy cercanos a la media mundial con excepción de Brasil y Venezuela que tienen un resaltante 74% y 76%, respectivamente. En relación a los éxitos para la justicia ambiental, Argentina aparece con resultados muy por encima del promedio, mientras que los de Colombia y Venezuela son resaltantemente más bajos.

A pesar de que estos datos nos permiten hacer algunas comparaciones generales, estos por si mismos no dan cuenta de los diferentes dispositivos de control, regulación y dominación que se aplican en cada país sobre las comunidades y organizaciones sociales que luchan por concretar la justicia ambiental. Tampoco son suficientes para explicitar las diversas correlaciones de fuerza que se configuran a partir de tejidos sociales más o menos fuertes que resisten y luchan para intentar lograr un mejor balance en la distribución ecológica en un determinado país.

En este sentido, cabria decir, por ejemplo, que el Estado colombiano ha tenido a la violencia como uno de los principales mecanismos para confrontar los conflictos de distribución ecológica (Pérez Rincon, 2014), y no así el Petro-Estado venezolano, que se ha servido históricamente de diversos mecanismos de asimilación de estas luchas a través de un amplio abanico de políticas posibilitadas por la captura y distribución de la renta petrolera. Lo que entendemos aquí como mecanismos de asimilación son aquellas políticas que hacen tolerables los impactos socio-ambientales a través de la integración de la población tanto en las dinámicas económicas y políticas como en las expectativas sociales de la economía rentista petrolera.

De esta manera, el Petro-Estado confronta las crecientes desigualdades en la distribución ecológica buscando compensarlas por la vía de una socialización estratégica y selectiva en la distribución económica (básicamente por medio de diversos mecanismos de distribución de la renta petrolera) e incluso promoviendo expectativas e imaginarios de inclusión y progreso vinculados a estos mecanismos, todo lo cual varía en sus formas dependiendo de la coalición política que gobierna en un momento histórico determinado.

En este marco, se intenta invisibilizar y/o posponer al máximo el conflicto socio-ambiental, principalmente en las zonas de influencia del Petro-Estado. De ahí que, partiendo de esta geografía de conflictos ecológico-distributivos analizada, dichas zonas podemos considerarlas como áreas pacificadas, a diferencia de las calientes nuevas fronteras de los commodities, donde intensos conflictos de este tipo se están desarrollando y expandiendo.

En el período de la revolución bolivariana, la distribución económica se socializo como nunca antes en la historia de Venezuela, configurando un balance mucho más positivo para las clases desfavorecidas –lo cual ha comenzado a revertirse a partir del año 2013 (Lander, 2014). Sin embargo, se replicó, actualizó y profundizó la estructura de desigualdades en la distribución ecológica, impulsando dispositivos coloniales sobre los territorios y sus pobladores, imponiendo o manteniendo “zonas de sacrificio” sin ningún tipo de consulta previa a las poblaciones, manteniendo el patrón de generación de degradación ambiental/marginalización social (Robbins, 2004), reproduciendo y reformulando mecanismos de asimilación propios del eco-régimen del Petro-Estado, con el fin de impulsar la expansión del extractivismo y cumplir los objetivos macroeconómicos del modelo de acumulación de capital.

En nuestro estudio, esto es evidente al menos en dos escalas. Por un lado, todos los proyectos, actividades económicas o malas gestiones ambientales que originan los conflictos y que existían antes del inicio de la revolución bolivariana fueron relanzados o se reforzaron durante este periodo. Por ejemplo, la insistencia de formalización de la expansión del extractivismo carbonero en el norte del Zulia, la ampliación de los complejos refinadores y el proyecto de construcción de un nuevo complejo industrial como en el caso de Paraguaná, el colapso del vertedero de Cambalache, la expansión de la contaminación por mercurio debido a la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, o el empeoramiento de la gestión ambiental en el Complejo Industrial Petrolero de Jose en el estado Anzoátegui. Sumados estos, a los nuevos casos surgidos durante este proceso político (8 en total), es evidente que todas las fuentes de los conflictos ecológico-distributivos analizados son producidos en la revolución bolivariana.

Por otro lado, los mecanismos de asimilación para confrontar los conflictos de distribución ecológica son impulsados y actualizados en este proceso político, entre los que se cuentan: mantenimiento y expansión de la supremacía de la industria petrolera en los territorios donde se ubica (como en el caso de Paraguaná); construcción de infraestructuras de carácter social en localidades ambientalmente impactadas (como en el caso de las comunidades kariña de Tascabaña); asistencia en alimentación y salud que no están relacionadas directamente con los impactos ambientales causados; organización de las comunidades indígenas en formas de afiliación estatal (como ha ocurrido con una parte los indígenas yukpa); y la promoción de una narrativa y bandera “ecosocialista” por parte del Gobierno Nacional.

En la superficie de la economía rentista, es decir en el sistema de distribución de la renta petrolera, se ha intentado dirimir en la revolución bolivariana las desigualdades y la conflictividad social, al tiempo que se ha ido intensificando un proceso de capitalización y apropiación de la naturaleza y de degradación ambiental que supone un avance del Capital sobre los territorios y el “tejido de la vida” (Moore, 2011). Las luchas socio-ambientales disputan con el Capital y el Petro-Estado las formas de valoración de la Naturaleza, los recursos, los usos y gestiones de la tierra y las formas como se distribuyen los impactos ambientales de las actividades económicas. La importancia de estas luchas radica en la interpelación que plantea a la bandera de la “justicia social” desde la materialidad de los territorios y en la defensa de la riqueza de la vida.

[Texto extraído del artículo “Geografía de conflictos socio-ambientales en Venezuela: Petro-estado, crisis histórica y las nuevas fronteras de los commodities”, que en versión completa es accesible en https://www.academia.edu/35032606/Geograf%C3%ADa_de_conflictos_socio-ambientales_en_Venezuela_Petro-estado_crisis_hist%C3%B3rica_y_las_nuevas_fronteras_de_los_commodities.]