Globalización y medio ambiente

Luís Rico G.

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá,EE UU y México. Dicho tratado incorporaba por primera vez un capítulo con recomendaciones encaminadas al desarrollo sostenible. Siguiendo su estela, la OMC y la Unión Europea fueron añadiendo alusiones a la necesidad del desarrollo sostenible en todos los tratados comerciales. Más de 20 años después, y en un planeta con más flujos de comercio internacional que nunca en la historia, avalados por más de 400 tratados comerciales, 3.000 tratados de protección de la inversión y varios acuerdos globales en el seno de la OMC, el desarrollo sostenible no solo no ha llegado, sino que todo indica a que se marcha en sentido contrario. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos o la deforestación, son buena muestra de ello.

¿Y qué tendrán que ver los tratados comerciales y el comercio internacional con la crisis ecológica? ¿Podría tratarse de una mera coincidencia sin correlación? Podría, pero no parece el caso.

En primer lugar, y sin necesidad de realizar grandes investigaciones, parece bastante obvio que cualquier acuerdo de libre comercio, inevitablemente, implica mayor degradación ambiental aunque sea por el mero hecho de que conlleva más comercio internacional, más emisiones de gases de efecto invernadero, más construcción de infraestructuras, más empaquetado y refrigerado para transportes a más distancia, etc.

Se podría pensar que estos efectos podrían quedar compensados con una mayor regulación ambiental a nivel global, fruto de las reseñas al desarrollo sostenible que incorporan los tratados. Pero la realidad muestra que lejos de asumir mejoras en las legislaciones ambientales, las consecuencias más típicas pasan por la deslocalización de los procesos productivos, el aumento del transporte de mercancías y de personas, la intensificación de la producción para orientarla a la exportación y la privatización de la economía.

La deslocalización se ha producido hacia aquellos países con menor protección contra la explotación laboral o de los recursos naturales. De esta manera los países del sur se especializaron en procesos extractivos o agrícolas, mientras que los del norte en productos procesados o financieros, en lo que se ha denominado el intercambio ecológicamente desigual, por el cual el tiempo ecológico de producción de bienes es diferente en el norte (rápida producción) que en el sur, donde las mercancías tienen un tiempo de producción de años, décadas o siglos, además de estar peor remuneradas y tener un mayor impacto ambiental. José Manuel Naredo y Antonio Valero lo explican con la regla del Notario que se representa mediante la curva de la Figura 1.

En esta curva se ve el coste energético de un producto y su valor

monetario (en porcentaje). Lo que se observa es que en las primeras etapas (supongamos la extracción de minerales) el coste energético sube mucho pero el valor monetario poco. En las últimas etapas (comercialización de un Smartphone o cotización en bolsa de la empresa de móviles) el coste energético no sube mucho, pero su valor monetario sí. Esta regla describe claramente lo que sucede en la globalización, los procesos económicos de los países de sur se encuentran en los primeros tramos de la curva, al haberse especializado en la exportación materias primas baratas, frente a los de los países ricos (a la derecha del gráfico), que exportan productos procesados, patentes o activos financieros muy caros, además de atraer el ahorro mundial.

Así, la mayoría de las economías de los países africanos y latinoamericanos dependen entre el 60% y el 100% de la extracción de recursos (Figura 2), lo que les sitúa en la parte izquierda de la curva de la regla del notario.

La economía extractiva supone una presión sobre los ecosistemas

mayor, por lo que en mucha ocasiones, la apertura comercial de los países del sur se ha visto acompañada de una mayor destrucción de los ecosistemas, aunque el proceso de degradación medioambiental ha sido global, dado que en ocasiones se han producido “carreras a la baja”: eliminando la protección ambiental para poder competir en la economía global.

El aumento del transporte de mercancías también ha tenido un fuerte impacto sobre la crisis ecológica. Las consecuencias climáticas, por ejemplo, son claras. En 2001, 5,3 de las 22 gigatoneladas de CO2 que se vertieron a la atmósfera provenían del comercio internacional. Esta proporción muy probablemente haya aumentado, ya que la globalización ha venido acompañada de un aumento de las emisiones de los países, tanto si se cuenta solo el tejido productivo, como, y de manera más notoria, si se tienen en cuenta las emisiones incorporadas a los productos importados (Peters et al., 2012), especialmente en los países del norte (Zhang et al., 2015; Carbalhoa et al., 2013). Por ejemplo, las emisiones de CO2 incorporadas a las importaciones del Estado español en 2005, supusieron el equivalente al 29% de su producción (Gemechu et al., 2013).

La intensificación de la producción en aras de la internacionalización ha supuesto un fuerte impacto sobre los ecosistemas. Sirva como ejemplo el caso de la agricultura, donde el aumento de los monocultivos ha supuesto deforestación, mayor uso de pesticidas, un aumento de la intensidad energética de los productos agrarios (y de las emisiones asociadas).

Un reciente estudio de GRAIN (2015) muestra las consecuencias climáticas del modelo agrario que fomentan los tratados comerciales: deforestación, un aumento de los monocultivos industriales (altamente consumidores de energía fósil) o el fomento de dietas que basadas en productos que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como las carnes o los productos procesados. A modo de ejemplo, un estudio sobre una caja de cereales de desayuno encontró productos de más de 20 países de 4 continentes, emitiendo 264 g de CO2 por cada 100 g ingeridos (Jeswani et al., 2015). Roza ya el absurdo que la distancia media recorrida por una fruta en los supermercados españoles supere siempre los 2.000 km (Lázaro, 2014), siendo el Estado español un país productor de fruta.

Por último, la privatización de la economía global ha producido que la lógica del lucro se superponga a cualquier otro tipo de norma. Así, las grandes empresas, cada vez más poderosas en el entramado de la globalización, han conseguido imponer una regulación en la que sus privilegios se mantienen por encima de la necesidad de las personas de vivir en un planeta sano.

[Publicado originalmente en el periódico Rojo y Negro 317, Madrid, noviembre 2017. Numero completo accesible en http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro317%20noviembre.pdf.]