miércoles, 24 de mayo de 2017

Universitari@s de Venezuela responden a pronunciamiento con solapado apoyo de CLACSO a chavomadurismo


Los abajo firmantes, miembros de las comunidades académicas de distintas universidades del país, hacemos manifiesta nuestra posición ante los planteamientos del Comité Directivo de CLACSO -Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- sobre la crisis venezolana [ver texto de dicho pronunciamiento en http://www.clacso.org.ar/difusion/Comunicado_CLACSO_con_Venezuela/comunicado-venezuela.htm].

Quienes sufrimos en vida propia y cotidianamente los efectos de la actuación del gobierno  de Nicolás Maduro, podemos afirmar que se trata no solo de una “profunda crisis”, como la califica ese Comité, sino de la más grave crisis en la historia republicana de Venezuela. Esta conclusión se impone a la luz de la sistemática, masiva y deliberada violación de los derechos humanos infligida a la mayoría de la población del país a través de la aguda escasez de alimentos y medicinas; la liquidación del poder adquisitivo de los salarios por la más alta inflación del mundo; la inseguridad que siega violentamente decenas de miles de vidas cada año; la corrupción en las altas esferas del poder o al amparo de estas y que sustrae los recursos de la nación para beneficio de la élite en el poder; la cooptación de los poderes públicos sometidos a la servidumbre del ejecutivo; la instauración de un Estado policial para extinguir todo asomo de disidencia y ejercer el control de las personas hasta en los ámbitos de la vida privada; el empleo de un discurso discriminador, denigrante  e injurioso para negar toda calidad patriótica a los adversarios del régimen. Estas, así como muchas otras prácticas del gobierno son lo que ha lesionado hondamente los principios de la convivencia nacional y las bases mismas de la democracia como sistema político y social.

Se puede compartir con el Consejo Directivo de CLACSO la preocupación por la suerte del orden democrático, pero ¿cuáles son las circunstancias que obran en favor de su fractura? La democracia es empujada a su extinción cuando el gobierno desconoce la voluntad popular al pretender anular las facultades del poder legislativo -electo  por 14 millones de votos-, contando con la complicidad servil de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia –designada mediante un procedimiento irregular y compuesta por magistrados que incumplen en su mayoría los requisitos de su condición.

Pero ya con anterioridad el gobierno se prodigaba en evidencias de celo antidemocrático privando a la ciudadanía el año pasado del derecho consagrado en la Constitución a convocar y llevar a efecto un referendo revocatorio del mandato presidencial al impedirlo por medios ilegales, esta vez beneficiándose de la obsecuente colaboración del Consejo Nacional Electoral. La docilidad de este órgano tuvo poco después ocasión de manifestarse de nuevo al no preparar, conforme al mandato constitucional, las elecciones de gobernadores que debieron celebrarse en diciembre de 2016.

La negación de estos derechos electorales,  sumada a innumerables otras actuaciones gubernamentales que han significado por años una sostenida mengua del sistema democrático, fue precisamente el contexto en el cual hacen su aparición las infames sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. Puede dar idea de la calidad de esta maniobra el hecho de que la propia Fiscalía General de la República las condenó explícitamente, calificándolas como una ruptura del orden constitucional. En el comunicado del Consejo Directivo de CLACSO, ese Comité presenta como injerencia extranjera –olvidando interesadamente la cesión de soberanía venezolana en favor del régimen castrista- la intensa y oportuna reacción internacional, que por lo demás permitió presenciar otra exhibición de conducta sumisa del máximo órgano judicial al retirar y modificar, a conveniencia de una manera expedita, las inconstitucionales decisiones a “petición” del Ejecutivo.

La ciudadanía por su parte también reaccionó de inmediato ejerciendo el derecho constitucional a la protesta pacífica, congregando repetidas veces tanto en Caracas como en la provincia las mayores concentraciones de personas que se recuerden en la historia política moderna del país. La represión implacable y desproporcionada de estas manifestaciones populares ha causado una cincuentena de fallecidos, millares de presos y centenares de personas sometidas a juicio, buena parte de ellas en la jurisdicción militar, con lo cual, como han denunciado todas las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, así como los colegios de abogados de la nación, el gobierno incurre en viejas y nuevas violaciones de la Constitución y  las leyes.

¿Se necesitan acaso más evidencias de que nos encontramos al final de un trayecto que ha convertido un autoritarismo de tres lustros en una dictadura impúdica? No es solo la democracia, pues, la que está en riesgo, sino la existencia misma del país como entidad política viable y la vida de sus habitantes, hoy afligidos hasta extremos indescriptibles por la penuria y la carencia de bienes básicos, por la inseguridad que los hace vivir en vilo y ahora por una despiadada represión que aspira, aunque inútilmente, a sofocar el estado de profunda insatisfacción que pone en movimiento a las multitudes en toda Venezuela.

Los llamados a la concordia y al diálogo para restaurar la convivencia y promover la paz son necesarios en situaciones de crisis graves como la que vive nuestro país. Pero tales llamados pierden calidad moral y eficacia política cuando, deliberadamente o por ignorancia, dan a entender que las partes en conflicto tienen responsabilidades equivalentes. Muy descaminado anda el Consejo Directivo de CLACSO con semejante ejercicio de equidad cuando un examen honesto de las causas y de las consecuencias de la crisis no deja lugar a dudas sobre la incumbencia de quienes gobiernan. La realidad es que los factores en conflicto son la inmensa mayoría de los ciudadanos de probada vocación democrática (más del 80% según todas las mediciones serias), frente a un régimen que no cesa de dar muestras de su talante dictatorial.

El diálogo exige verdadera voluntad. La experiencia reciente, auspiciada por el Vaticano y mediadores externos de dudosa imparcialidad, deja pocas esperanzas respecto a la real disposición del gobierno para la búsqueda de soluciones consensuadas, según pide el comunicado de ese Comité. El incumplimiento por el gobierno de los acuerdos parciales alcanzados en aquella oportunidad resulta un pésimo precedente y un menguado estímulo para reemprender ese camino. Y el discurso oficial –tan amenazador, intimidante y derogatorio como siempre- incansablemente machacado por el presidente de la República y sus agentes a través de la invasiva red de medios al servicio de la “hegemonía comunicacional”, aunque salpicado de referencias a la “paz” se acompaña de iniciativas que minan la posibilidad misma de entablar conversaciones. Pues ¿qué otra intención cabría atribuir a la propuesta presidencial de “asamblea constituyente comunal”, despropósito inconstitucional y contrademocrático por donde se lo mire y para el que ya se ha obtenido la fácil connivencia del Consejo Nacional Electoral? En ninguna parte tendría que causar extrañeza, ni siquiera en el Comité Directivo de CLACSO, constatar que con ello, lejos de fecundar el terreno para el diálogo y la búsqueda de acuerdos, el gobierno ha dado renovados bríos a una protesta ciudadana que no ha hecho más que ampliarse cada día.

Caracas, Venezuela, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil diecisiete

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